En Ecuador se va imponiendo la doctrina y la práctica destinadas a «modernizar» el Estado hasta convertirlo en Estado ausente.
El Congreso Nacional, expatriado de toda política que se relacione con el «viejo concepto» de la soberanía, renunció a decidir sobre la política territorial y se sometió a los «criterios vinculantes» que se impusieron gracias a la configuración del Estado ausente.
Sobre la política económica, el Estado estará tan ausente como lo dicta una carta de intención que, según el Presidente Gustavo Noboa, «la escribe el FMI» y se la firma aquí. Así, en ausencia del Estado se inicia el curso «magnífico» de la «recuperación».
El Estado ausente renegocia la deuda con el aval del FMI. Los acreedores convencidos «por la omisión» y la garantía del FMI suscribieron en minutos el acuerdo. Las nuevas magnitudes de esa renegociación, el tiempo las dirá, el FMI las calculará y el Estado ausente las pagará.
Con cierto orgullo ignorante se dijo trágica y puerilmente de la política monetaria: «hemos votado al mar la maquinita de hacer billetes». El Estado ausente festejaba el entierro de la moneda nacional y coronaba la dolarización. Por fin, la Reserva Federal resolvería por nosotros.
La «postmodernidad» de la soberanía y su destino reemplazan la política militar.
De espaldas al pueblo ecuatoriano y a sus Fuerzas Armadas, se dio paso a la instalación de una base militar que sobrecoge a la nación entera, gentileza del Estado ausente.
El Estado ausente convierte en servidumbre de tránsito una seudo política que reduce a las Fuerzas Armadas a ser antidelincuenciales y antinarcóticas.
Este Estado ausente fue posible porque premeditadamente se debilitó al soldado ecuatoriano para acelerar la sepultura de la nación en la «modernización» y anticipar su inexistencia.
La crónica de las últimas décadas demuestra que Fuerzas Armadas distantes de la democracia, la soberanía y la comunidad pueden disparar contra su pueblo.
También en la política energética el Estado ausente «conquista el mañana». La farsa cae como diluvio universal sobre Ecuador. Un reglamento ajeno al interés nacional sacrifica el recurso no renovable perteneciente a varias generaciones, anteriores, presentes y futuras, en nombre de un prejuicio subordinado: el excluyente y exclusivo carácter privado de la construcción del OCP, disfrazado de legal y técnico.
La comisión sin rostro, urdida para la calificación de las propuestas, transparentó la avidez de pocos, subyugados por la voracidad de OCP Limited y Williams. A pesar de la previsible lesión a Ecuador, y ante los ojos vaciados del Estado ausente, entregan la exploración, explotación, transporte, comercialización y el destino del crudo, al control monopólico de esas empresas.
Esa invocación al derecho para excluir al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la construcción del OCP arma un ataúd para los intereses ecuatorianos.
Ese «derecho» no puede ni debe ser respetado. Además de artificioso, representa el abuso del inescrupuloso poder revestido de falsa técnica. Es el perfeccionamiento del Estado ausente.
El interés de la nación y el pueblo están por sobre las apariencias de juridicidad que el arbitrio circunstancial del poder exhibe.
Se espera que lo hecho por esa comisión no sea aceptado por el Presidente de la República. Si lo es, para colmo, el Estado ausente tampoco tendría Presidente.