La libertad de expresión ha sido y es una meta de la especie humana que permanecerá abriendo caminos para superar obstáculos a su dimensión y necesidad.
Durante el siglo XIX, se convirtió en patrimonio empresarial y, con esa óptica, modificó su nombre, “Libertad de Prensa”, se dijo. Desde entonces, este sería el ritual de una libertad de empresa que se arrogó aquel atributo de manera absoluta.
Con las empresas de comunicación de masas, la libertad de expresión se redujo a la libertad de empresa y, a partir de ésta, se la invoca al margen de sus vínculos de interés real.
La libertad de expresión es un imperativo del movimiento social. Así sucedió en revoluciones y expresiones electorales, también en protestas y en todas las formas de resistencia colectiva a la dominación.
El que los medios de comunicación estén vinculados o subordinados al poder es una característica de la democracia. En las condiciones del subdesarrollo y de algunos Estados latinoamericanos, los mass-media son parte de sistemas que han enajenado sus aparatos administrativos.
A un medio de comunicación colectiva lo define el interés al que responde y su relación de propiedad independientemente del ámbito y el tamaño en que se expresa.
La libertad de expresión podría no tener límite individual, aunque ejercida a través de un medio debe principalizar el interés colectivo. Un medio de comunicación que hace uso de frecuencias de propiedad estatal debe responder a ese mandato.
El destino de esas frecuencias estaría sujeto a la voluntad social que, de igual manera que revoca el mandato de un mandatario bajo ciertas condiciones, podría suspender también dichas concesiones. En ambos casos, resolvería la colectividad.
Estas concesiones deberían establecer periodicidad para la evaluación colectiva y límite en el tiempo para su mantenimiento. La concesión difiere de la propiedad, por ello en su denominación son, se supone, medios de un interés colectivo y no disponen de libertad de conspiración.
En Ecuador, un sector de medios que participaron en los golpes de Estado lo hicieron abiertamente, disfrazando su carácter. Convirtieron al medio en picota para ejercer una práctica lo más ajena a la libertad de expresión. Casi un acto de terror en un sótano ensombrecido y sordo.
Para colmo, algunas empresas de un sector de la comunicación son, y otras fueron, objeto de propiedad de la banca. Allí no cupo la crítica al sistema, menos aún la condena al poder que mantuvo al país en la reproducción del subdesarrollo.
Un sector de medios ha sido parte de una estructura de poder en la que se ha enajenado al Estado ecuatoriano. La dominación a la que ha pertenecido este sector ha encendido una hoguera en la que se incinera toda crítica al espectro ideológico y de interés que lo constituye.
Una especie de chatarra de “ideas” fue cómplice del ‘Estado ausente’, que la desregulación y la irresponsabilidad política impusieron. El libertinaje del quehacer de capitales externos llegó al extremo. Se permitió que impere una tecnocracia destinada a ser objeto de veneración. El culto al FMI y BM en el discurso de la comunicación fue su más eficiente representante.
La libertad de expresión un día dejará de ser patrimonio mercantil, será riqueza y atmósfera de la colectividad.
La recuperación de la soberanía de un Estado requiere de medios de comunicación estatales y privados dispuestos a contribuir en ello.
La libertad de expresión es una necesidad que no ha de ser estatizada ni privatizada. Habrá que reconocerla como al ser humano, que ya no puede ser objeto de apropiación.