25 alcaldes (número de proponentes) han puesto a consideración del Consejo Provincial del Guayas la convocatoria a Consulta sobre ocho preguntas. En rigor, una parodia de mandatos constitucionales.
La razón multilateral, bancaria y mediática ha sufrido una degeneración. Ahora consume los restos de su depreciada representación política, ideológica y simbólica.
La aprobación de la consulta popular para el 15 de abril en el Congreso constituye una victoria del gobierno y también de la oposición. El triunfo del pueblo hubiese supuesto una ruptura. La aceptación de la convocatoria ha protegido transitoriamente al Congreso del juicio social.
El 25 de mayo se realizaron dos elecciones. Una, la de Francia, convocada por Chirac, para resolver conflictos tácticos y estratégicos que competen a la integración europea y a la contradictoria administración de su progreso. Y otra, la consulta que se realizó en Ecuador, destinada a soldar la ruptura constitucional del 6 de febrero.
Nace para cubrir el golpe de Estado del 6 de febrero, que fue hecho con la piel del 5, con muchedumbres agigantadas y reivindicaciones genuinas.
Los resultados del pronunciamiento del 28 de agosto pueden tener diversas lecturas: una legal; otra de normatividad ética y una tercera, sobre la cualidad de las respuestas a la consulta.
El gobierno ha tomado la iniciativa. Se persigue con la consulta elevar la fuerza del derruido sistema político que ayer hizo del sector económico del Estado un elefante blanco y que hoy -con razones y sinrazones- lo pone en venta.