La decisión que tomó ID de establecer una alianza con el Ejecutivo y llevar adelante el proceso de reforma política posee algo meritorio, que sea público, que no se lo practique subrepticiamente como ha sucedido en la relación del PSC y DP con diversos gobiernos.
La salida de Rafael Correa del Ministerio de Economía es exclusión inconciente o no de una política en el seno del gobierno.
Ha devenido lugar común otorgar a cada principiante gobierno cien días acríticos antes de calificarlo.
Paulatinamente, el país va dejando atrás tensiones del derrocamiento del régimen de Lucio Gutiérrez. A la par, rememora obsesivas consignas movilizadoras y se sumerge en mutaciones paralizantes.
Las cabezas de la oposición y del gobierno se imputan haber cometido violaciones varias. Del Código Penal, unas y de la Constitución, otras.
La tragedia mayor fue la pérdida de la posibilidad de conciencia del por qué y del sentido de la realidad, mas que la mutilación del sueño territorial. Si la denuncia fuese cierta, se añadiría un drama moral, un apéndice al desastre.
La convivencia pacífica entre Estados se revaluó a partir del conflicto que encendió la violación de la jurisdicción venezolana en la captura de Rodrigo Granda por parte del Estado colombiano.
El 15 de enero, el Presidente rindió su informe sin considerar la situación de la nación ni su política frente a esa situación. Simplemente, trasladó los memorandos de tareas de sus Ministros y acentuó las diferencias con un sector de la oposición.
La especulación financiera disfruta de alta rentabilidad en la agonía del Estado y su jurisdicción.
Hace mas de un año el gobierno aseguraba su costosa estabilidad con el Partido Social Cristiano que constantemente esgrimía el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal o las cortes si no se aceptaban sus pedidos. Un reflejo condicionado garantizaba respuestas favorables. No obstante, bajo la turbulenta superficie existía una amplia y verdadera identidad.