La constitucionalidad en Ecuador, a partir del golpe de Estado de febrero del 97 –y en algunos sentidos aún antes–, ha funcionado como encubrimiento y coartada de intereses que lo han conducido al desastre.
La especulación financiera disfruta de alta rentabilidad en la agonía del Estado y su jurisdicción.
En 1999, la estructura esencial del poder especulativo reveló y cuestionó sus relaciones en el Estado y con el conjunto de la nación.
Cuando el Emperador nombró a su caballo, Incitato, Senador, un delirio de aprobación recorrió la Asamblea de patricios. El frenesí de alabanzas al divino Calígula intimidó siglos y aún suele entusiasmar parlamentos.
El resultado electoral del 20 de octubre de 2002 estremeció al anciano régimen. Se cuestionó otra vez al poder gestado en los disparos que se hicieron contra Carondelet desde una funeraria.
La técnica del golpe de Estado falló. Pero rectificarán y volverán a insistir.
El golpe nació de la viciosa alianza de la comunidad financiera internacional con la banca especulativa, poder que se encarga de nombrar o echar, premiar o sancionar mandatarios y funcionarios.
Los atentados de terror en Nueva York aceleraron la militarización de la globalización comandada por la OTAN y el G-8 bajo la brújula de Estados Unidos. La hipotética aproximación entre Estados desarrollados y subdesarrollados se evidenció como un mito.
Una población que se agota así misma por miedo a la impotencia colectiva está frente a la omnipotencia de la trinidad, banca-Estado-medios, de este inicial 2001.
La historia universal dejó una certeza, los ejércitos cuyas armas las producen otros dependen (en algún grado) de esos otros, aunque siempre tienen presencia en relación con los intereses del poder inmediato.